La Mesa del Claustro de la Universidad de Sevilla, reunida el día 8 de mayo de 2012 y tras analizar el contenido del Real Decreto Ley 14/2012 (RDL) de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, ante el Claustro constituido como máxima asamblea y órgano representativo de la comunidad universitaria, desde el respeto y reconocimiento de la legitimidad de las normas, y a propuesta del Rector, DECLARA:
PRIMERO.- Su rechazo al procedimiento seguido por el Gobierno para la elaboración del mencionado RDL, el cual se ha aprobado sin ningún tipo de contacto previo con las Universidades, ni a través de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, ni a través del Consejo de Universidades; ni con los representantes de los empleados públicos – en la medida que afecta a las condiciones de trabajo del profesorado y del PAS –; ni con el Consejo de Estudiantes.
SEGUNDO.- Su rechazo al incremento desproporcionado de la tasas, tanto en grados como en másteres, pues estas medidas van a dificultar el acceso y la permanencia en la Universidad del alumnado más vulnerable económicamente, y se corre el riesgo de exclusión social. En momentos de crisis como el actual, muchas familias no podrán hacer frente a los gastos que implica la educación superior. Por ello, cabe exigir una política de becas amplia, que garantice la equidad e igualdad de oportunidades y minimice las graves consecuencias en el tejido social de la crisis económica en la que estamos, recordando que el actual volumen de becas en España representa solo una tercera parte de la media de los países de la OCDE. Asimismo, cabe poner de relieve que en el caso de los estudiantes extracomunitarios, el aumento de las tasas compromete el trabajo de internacionalización de la universidad pública española y las políticas de cooperación con las regiones del planeta más desfavorecidas.
TERCERO.- Su preocupación, tras un análisis de las modificaciones de la LOU por el RDL, y sin descender a las cuestiones materiales o sustantivas que subyacen en la reforma, pues la interpretación de la norma presenta importantes dificultades y genera dudas, lo que puede enrarecer la convivencia entre los diferentes miembros de la comunidad universitaria, añadiendo la confusión y la incertidumbre a la situación general de dificultades a la que ya nos enfrentamos. En particular, se destacan tres aspectos de especial complejidad:
o La unidad de medida utilizada como referencia para la dedicación del profesorado es el crédito ECTS que, en puridad, es una medida de la dedicación del estudiante para la obtención de un determinado conjunto de competencias. En consecuencia, el número de horas de dedicación del profesorado de cada ECTS varía entre cada Universidad y tipo de enseñanza.
o La dedicación del profesorado se ve modulada al alza o a la baja dependiendo del número de “sexenios de investigación”. La solicitud de sexenios, de carácter voluntario, ha estado restringida al profesorado funcionario. Su concesión es confidencial, tratándose de un complemento económico que no afectaba a las condiciones de trabajo. Los sexenios, tal y como están concebidos, resultan un indicador de eficacia desigual debido a la heterogenidad del mundo de la investigación en las distintas Ramas y Áreas del Conocimiento, y resulta dudoso que refleje adecuadamente todas las actividades asociadas a la investigación.
o El establecimiento de los rangos de las tasas universitarias se definen a partir de porcentajes de los costes de los estudios. Esta magnitud, el coste de los estudios, no está fijada con precisión, de ahí que puede depender de la titulación y estar sujeta a diferentes interpretaciones.
CUARTO.- Su inquietud ante las consecuencias de las modificaciones introducidas, en particular por su carácter sobrevenido en la planificación de las carreras académicas del profesorado, en las condiciones laborales de las plantillas y en la planificación de los estudios del alumnado, además, en un momento en que se aborda por las Universidades la planificación académica del curso 2012-13.
Por todo ello, manifiesta su rechazo al Real Decreto Ley 14/2012 y:
PROCLAMA su clara y firme defensa de un modelo de Universidad pública, al servicio de la sociedad en su conjunto, y con vocación de contribuir de manera constructiva y crítica al desarrollo equilibrado y justo de la sociedad así como a su cohesión desde la promoción de la docencia, la investigación, el estudio y la cultura.
RECLAMA al Gobierno de España que retire el Real Decreto Ley 14/2012 y que afronte en lo sucesivo las reformas que afecten al sistema universitario desde el diálogo con los representantes de todos los intereses implicados, de manera que se permita alcanzar el más amplio consenso académico, político y social.
INSTA al Gobierno de Andalucía a que aborde las responsabilidades que le corresponden en el marco de sus competencias, asumiendo de forma inequívoca una financiación pública suficiente del Sistema Universitario Andaluz, y una política de tasas y becas que garantice la igualdad de oportunidades y la equidad.
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