2011 ha vuelto a ser un año negro para el ejercicio del periodismo, asediado por la doble crisis, económica y de modelo, y los intentos de coartar la libertad de información con las ruedas de prensa sin preguntas, las declaraciones enlatadas, las restricciones al trabajo de periodistas y reporteros gráficos en sedes de instituciones, como el Congreso de los Diputados, y la extensión de la imposición de bloques electorales en los medios audiovisuales privados. Ha sido el cuarto año consecutivo de crisis y finalizó con la peor noticia que se puede esperar: el cierre de un diario, en este caso el gratuito ADN. 2012 empezó de la misma manera con la solicitud de concurso de acreedores por parte de la editora de los diarios Público y La Voz de Asturias.
La gravedad de la crisis está reduciendo de forma drástica las aportaciones de las administraciones a los medios públicos, lo que sitúa a este sector, fundamental para el debate plural en nuestro país, ante un futuro más que incierto, con centenares de empleos en el aire. El recorte de 200 millones de euros en el presupuesto de RTVE ratifica tal impresión.
La caída de la publicidad y su lento trasvase del papel al digital están frenando el cambio de modelo en los medios. El experimento de las redacciones integradas está fracasando al ser concebido por algunos editores y directores no como un nuevo modelo de presentación de la información para atraer usuarios, sino como una vía de reducción del plantel de periodistas y reporteros, lo que obliga a los que se quedan a asumir una carga de trabajo múltiple. El tiempo de buscar y contrastar la información se reduce y la calidad del producto se deteriora.
Los datos del Observatorio de la Crisis de la FAPE, en funcionamiento desde noviembre de 2008, ilustran perfectamente la dimensión de la crisis: el número de empleos perdidos en el sector periodístico asciende a 4.827 a 2 de enero del año recién nacido. En una época en que las cifras se convierten en símbolos de una situación, es previsible que este registro alcance pronto el número de 5.000 puestos destruidos.
Los despidos, el empeoramiento de las condiciones laborales, las ofertas de trabajo esclavistas y los cierres de medios en los últimos años causan un grave deterioro de la calidad informativa, limitan la independencia de los periodistas, debilitan el compromiso de la prensa con las libertades, el respeto a la intimidad y el honor de las personas y el pluralismo y atentan contra el derecho a un trabajo digno que garantiza la Constitución.
Nuestra profesión se ve desprestigiada por la presencia en programas televisivos de individuos que se presentan como periodistas sin serlo ni por formación ni por oficio, y que, además, ignoran los códigos éticos y deontológicos que rigen nuestra actividad profesional. Tampoco ayuda la mezcla de publicidad e información y la participación de periodistas en campañas publicitarias de productos comerciales.
Una de las más graves consecuencias del desprestigio son las ofertas de trabajo humillantes procedentes de empresas ajenas al periodismo. Quien ofrece 0,75 euros a un periodista por un texto es porque considera que es el precio medio en nuestro sector. Esta oferta produjo una reacción de rechazo masiva en las redes sociales bajo la etiqueta #gratisnotrabajo.
Al tiempo que se reduce el empleo en nuestro sector, la titulación de periodismo está situada entre las 50 más demandadas (posición 46), de acuerdo al Informe Anual de la Profesión Periodística 2011, que edita la Asociación de la Prensa de Madrid. Miles de licenciados -2.906 en 2010- tratan de incorporarse anualmente a un mercado laboral saturado y en plena caída de puestos de trabajo. Lo más grave es que las universidades no quieren abrir el debate sobre el desafío de adecuar la oferta a la demanda.
Los editores han aprovechado, y aprovechan, la coyuntura para prescindir de los periodistas más experimentados, incluidos los que hansabido adaptarse rápidamente y con entusiasmo a las nuevas tecnologías, a fin de sustituirlos por becarios y recién licenciados, a los que pagan, cuando lo hacen, salarios indignos, y les imponen la cesión total de los derechos de autor.
Pese a todo, los periodistas siguieron buscando en 2011 alternativas innovadoras al empleo en los medios tradicionales y trataron de mejorar en su formación para adaptarse a la revolución digital, aunque muchos empresarios persisten en destinar escasos recursos a la formación.
Ante esta situación, la Junta directiva de la FAPE reivindica el papel fundamental del periodismo y de los periodistas en el desarrollo democrático del país y el ejercicio responsable de la profesión de acuerdo al Código Deontológico de la Federación, de cuya tutela se ocupa la Fundación de la Comisión de Quejas y Deontología, y en su defensa aprueba el siguiente Manifiesto:
- Recordamos que sin periodistas no hay periodismo, un lema que puede parecer una proclamación pretenciosa pero que viene al caso si se tiene en cuenta que algunos editores están sustituyendo a periodistas por otros perfiles profesionales técnicos no procedentes de las carreras de periodismo.
- Instamos al Gobierno a que tome conciencia de que el hundimiento de la prensa afecta directamente a los cimientos de la democracia, a cuya construcción en nuestro país han contribuido con ejemplaridad los periodistas y los medios de comunicación.
- Consideramos urgente un plan de ayudas a la prensa, condicionado al mantenimiento del empleo en las empresas periodísticas; un plan para impulsar proyectos innovadores, no una vía de financiación de recortes laborales y salariales.
- Tampoco creemos que sería ético que las ayudas fueran a los medios que publican anuncios sexuales. La sociedad espera de la prensa que promueva valores y defienda la dignidad de las personas. Si el Gobierno ofreciera una alternativa de ayudas públicas, la sociedad no entendería que sus receptores siguieran publicando tales anuncios, que convierten a las mujeres en mercadería y atentan frontalmente contra su dignidad como personas.
- El eventual plan de ayudas podría discutirse en una mesa promovida por el ejecutivo, en la que participen representantes del Gobierno, asociaciones de editores, sindicatos y organizaciones profesionales.
- Ha llegado la hora de que se reconozcan los derechos de autor de los periodistas como creadores de una obra y que este principio se recoja en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. La FAPE situará este objetivo como una de sus grandes prioridades.
- Rechazamos que se pretenda someter la deontología profesional a las leyes del mercado y se sacrifique en aras del entretenimiento y del espectáculo. La realidad no puede ni debe reducirse a un mero entretenimiento.
- Nos oponemos rotundamente a que, bajo la etiqueta de “medios públicos igual a despilfarro”, se trate de acabar con un sector que da empleo a miles de periodistas y que, siempre que sean independientes de los gobiernos de turno y se gestionen bajo criterios de austeridad, contribuyen de forma importante al desarrollo democrático, al debate plural y a la difusión de información basada en la objetividad, la imparcialidad y la veracidad.
- Pedimos a los ciudadanos que no olviden el grado de responsabilidad de los políticos en el deterioro de la credibilidad de los medios públicos con sus estrategias de control de la información y con los nombramientos de representantes en los consejos que no responden a los exigibles perfiles de independencia que marca la ley.
- Ante la convocatoria de concursos públicos de concesión de licencias (radios y televisiones), las administraciones deben exigir en sus pliegos de condiciones proyectos solventes -y no basados en intereses políticos-, que creen empleo, garanticen calidad de la información y dinamicen la sociedad donde surgen. En esta línea de independencia, exigimos que las decisiones sobre las concesiones valoren el proyecto por sí mismo y no por la afinidad ideológica de sus promotores con el Gobierno de turno.
- La FAPE seguirá reclamando que las ofertas públicas de empleo para cubrir puestos de periodistas exijan la titulación de periodista. Hará también la misma reclamación a los medios privados.
- Instamos al Gobierno y a los grupos parlamentarios a que aprueben de una vez por todas una ley de transparencia y acceso a la información pública, un derecho fundamental que reclama la sociedad civil y que reforzaría la calidad de nuestra democracia.
- En el proceso de formación en nuevas tecnologías, las universidades asumen un alto grado de responsabilidad, por lo que, en nuestra opinión, tendrán que reforzar las materias que habilitan para la especialización profesional. La escasez de medios técnicos y la masificación aparecen como grandes problemas a resolver.
- La FAPE rechaza la oferta de prácticas no remuneradas y la utilización de estudiantes para cubrir puestos estructurales. Volveremos a insistir ante el Ministerio de Empleo para que intensifique las inspecciones y sancione a los que incumplan la legislación laboral.
- En esta invitación a la reflexión sobre el estado del periodismo, la FAPE recuerda que, como primera organización profesional de periodistas del país, está siempre abierta a la colaboración con todos los sectores comprometidos en los proyectos de impulso de los cambios que se están produciendo en el sector periodístico.
Estamos convencidos de que solo con un debate serio y riguroso sobre el estado del periodismo en nuestro país se pueden alcanzar pactos que frenen la sangría laboral, permitan la supervivencia de los medios y devuelvan a éstos y a nuestra profesión la credibilidad y el prestigio perdidos.
